Daniel Soria: “Los tiempos en los que salen los informes de Contraloría me generan dudas razonables”

El ex procurador general del Estado Daniel Soria señaló que los momentos en los que salieron los informes de Contraloría en los que se señala que no habría cumplido con los requisitos para ser designado en el cargo llaman a sospecha. El lunes, el Ejecutivo confirmó que Soria dejará de ser el titular de la Procuraduría General.

-¿Considera que ha habido motivaciones políticas detrás de su destitución como procurador general del Estado?

-Es una decisión que tomo con indignación porque se me está destituyendo del cargo manifestando que no cumplí con un requisito para el mismo y que, además, presenté información inexacta a fin de poder acreditar ese requisito. Es la vieja historia de no haber cumplido con la exigencia de tener trayectoria en la defensa jurídica del Estado.

-Esto ya viene desde hace un par de años, ¿cierto?

-Todo empieza con un informe de Contraloría de enero del 2022...

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-De los auditores Llamoctanta y Guerrero.

-Que se da a pedido del exministro de Justicia Aníbal Torres, luego de que presenté la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo por el caso de Puente Tarata. En ese informe se concluye que por el hecho de no haber sido procurador o no haber trabajado en una procuraduría, no cumplía con ese requisito de trayectoria en la defensa jurídica del Estado. Ahora, el tema de fondo es que ese informe se da dos años después de que asumo el cargo. Como usted recordará, presenté un amparo, lo gané, regresé a mis funciones en octubre del 2022, pero, un año después, la misma oficina de auditoría sacó otro informe sustentado en el anterior, en el que reitera que nunca debí haber sido designado. Lo que llama la atención es el momento en que salen estos informes: si efectivamente estaba claro que no cumplía un requisito...

-¿Por qué no lo advirtieron antes?

-Exacto. ¿Por qué los auditores no lo vieron en enero del 2020? ¿O cuando regresé en octubre del 2022? ¿Por qué los auditores no le advirtieron al ministro de Justicia de entonces que no podía ocupar el cargo?

-Si la primera vez que se emitió el informe fue después de que usted presentó la denuncia contra Castillo por el caso Tarata, la segunda vez es luego de que la Procuraduría General del Estado (PGE) interviene en las investigaciones por los asesinatos cometidos en las marchas contra el actual Gobierno. ¿Es correcto?

-Es correcto. La PGE, a través de un equipo que conformé, intervino en todas las diligencias, incluidas en las que participó la presidenta Dina Boluarte y el expremier Alberto Otárola.

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-¿Y eso le da a entender que habría motivaciones políticas en su destitución?

-Podría entenderse desde cierto punto de vista que sí. Estos informes salen posteriormente a actuaciones de la PGE. Repito: si todo estaba tan claro, la decisión pudo tomarse luego de mi designación o de mi regreso al cargo, en octubre del 2022. Los tiempos en los que salen los informes de Contraloría me generan dudas razonables.

-¿Conversó con el ministro de Justicia?

-Solo di mi informe oral en el que ofrecí mis argumentos.

-¿Y en la resolución de destitución se toman en cuenta esos argumentos?

-Mis descargos escritos y orales solamente han sido referidos en la resolución y han considerado que no son argumentos suficientes para rebatir la imputación que se me hace. En resumen, se me imputa haber violado tres principios del código de ética de la función pública: veracidad, probidad e idoneidad. Dicen que presenté presunta información inexacta, lo que yo rechazo. La información que entregué es exacta, es la información relativa a mis labores en la Defensoría del Pueblo. Ahí no hay datos falsos o inexactos. Dos años después es que el informe de Contraloría dice que yo debía o ser procurador o haber laborado en una procuraduría. Sin embargo, eso nunca se cuestionó.

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-¿Qué va a hacer ahora?

-Yo voy a impugnar la decisión porque me parece una afrenta a mi trayectoria profesional que se me acuse de haberme aprovechado del cargo de procurador general. Por la defensa de mi honor, impugnaré la decisión. No es por recuperar un puesto de trabajo. El cargo está vacante, estoy fuera y la presidenta Boluarte tiene la obligación de designar a una nueva persona por cinco años.

-¿En qué condición quedan las investigaciones que seguía su despacho?

-El equipo que se formó para participar en los casos de altos funcionarios fue disuelto. No hay, hasta donde tengo entendido, una presencia tan amplia como la que había con ese equipo en las diligencias que se vienen realizando, y esto es bastante delicado; por eso creo que, al margen de mi caso, la PGE no puede seguir debilitándose. Un nuevo procurador, creería yo, tendría que restituir a este equipo y exigir un trabajo con autonomía y solicitar los recursos suficientes para que la institución crezca y se fortalezca.

-¿Considera que la presencia de Javier Pacheco como procurador interino ha debilitado a la PGE?

-Yo considero que la ausencia de un procurador titular ha debilitado a la PGE. Un titular es elegido por cinco años y tiene que defender no solo la autonomía de su trabajo, sino la de todos los procuradores del sistema. Un titular también tiene que pelear porque haya un presupuesto adecuado. Al no haber un titular en estos momentos, la situación va a continuar.

-Bueno, el señor Pacheco ya lleva medio año como interino. No es poco tiempo.

-Es correcto. Una provisionalidad no se puede extender tanto tiempo y esa es una muestra de que el Poder Ejecutivo no le da la importancia debida al fortalecimiento institucional de la Procuraduría. Lamentablemente, en esta posición, uno se enfrenta a situaciones con el poder y la estabilidad es muy importante.