Nuevo fiscal provincial confirma investigación a periodistas de Sudaca y La República

“La carpeta fiscal 87-2023 no está dirigida contra los periodistas. No existe investigación secreta, no es cierto que se haya dispuesto el seguimiento contra algún periodista y menos, lo que sostuvo el fiscal Cristhian Alfaro, que estemos actuando como un estado policiaco. No sé por qué se notifica el archivo a los periodistas si no son investigados, son actos contrarios a la norma”.

Estas son las palabras de la fiscal superior Magaly  Quiroz Caballero en entrevistas realizadas el 16 de enero con Jaime Chincha en Canal N y el 28 de enero con Abel Cárdenas en Ojo Público. La República también le pidió una entrevista, pero quedó en pedir autorización de la fiscalía de la Nación y se perdió el contacto.

Sin embargo, lo cierto y real es que si existió una investigación secreta y está sigue activa por acción del procurador Javier Pacheco. Somos investigados y lo acreditamos, en principio, con la copia de la carpeta 87-2023 que recibimos por conducto regular, previo pago de la tasa respectiva, en el banco de la Nación, en nuestra condición de investigados.

Además, el audio difundido por la periodista Carla Ramírez en Cuarto Poder de América TV el 14 de enero y la investigación del periodista Alvaro Reyes en Perú21 del 2 de febrero último.

Nuevas pruebas

Hoy tenemos más pruebas. El 22 de enero último, vía correo electrónico, el equipo especial ha confirmado que estamos incluidos en la investigación de la carpeta 87-2023 por delito de organización criminal, con nombre y apellidos completo.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted, y a su vez, por disposición del dr. Jorge Luis Zavaleta Torres, fiscal provincial del tercer despacho supraprovincial del Equipo Especial de Fiscales avocado al conocimiento del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” se le notifica la Providencia N.° 7 de fecha 18 de enero de 2024”, indica la cedula de notificación dirigida a César Romero.

Sino estuviéramos investigados, no tendría que notificarnos nada. Además, con esta acción el nuevo fiscal muestra que su antecesor, el fiscal Cristhian Alfaro cumplió sus funciones al notificarnos. Lamentablemente, el 10 de enero de 2024, Alfaro fue removido del equipo especial y el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena lo degradó por informar a los periodistas de la investigación secreta.

Hoy, el nuevo fiscal que llegó con la doctora Quiroz nos notifica y confirma la existencia de la investigación. En la providencia N° 7, del 18 de enero de 2023, Zavaleta informa que el 10 de enero de 2024, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena lo designó para integrar el equipo especial y que a partir de la fecha se avoca al conocimiento de la carpeta 87-2023.

Ocultar la verdad

La notificación del 22 de enero del fiscal Zavaleta va en concordancia con lo revelado por Alvaro Reyes en el diario Perú21, el 2 de febrero último. Un hecho que merece una investigación de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Reyes ha sustentado su denuncia en dos documentos, pero nuestras fuentes indican que también existe un audio y videos de la destrucción de los documentos primigenios.

 “Este diario (Perú21) accedió a dos oficios que registran la misma numeración y fecha de emisión (26 de enero de 2024), así como también la misma hora de recepción (5:00 p.m.), que demuestra una manipulación de documentos oficiales para acomodar la historia a la versión que Quiroz ha divulgado en entrevistas”, escribió Reyes.

En el primer oficio el fiscal Zavaleta Torres confirma que se inició una investigación a Juan Carlos Tafur y César Romero y que se dispuso que la autoridad competente, la policía, realice actos de seguimiento y video vigilancia en lugares públicos; mientras que en el segundo oficio se señala que en la carpeta fiscal no obra informe policial alguno que dé cuenta de acciones de vigilancia a los mencionados periodistas.

Es evidente que al no poder negar la existencia de la investigación, pues cuatro días antes nos había notificado y esa notificación no la podían deshacer, solo les quedó decir que en la carpeta no hay informe policial sobre los seguimientos. Una cosa es que no haya vigilancia y otra que los informes no estén en la carpeta.

Luego, se ordenó destruir el primer oficio y borrar todo rastro de su existencia. El ajetreo en torno al cambio de los oficios habría quedado perennizado en los videos internos de la sede de la fiscalía especializada. Además, de un audio con la orden para destruir el oficio inicial. El oficio fue solicitado por la fiscal Julianna Chávez Fernandez para ser presentado en un audiencia judicial lo que, de ser cierto, sería un grave delito.

Luego, es confuso y atentatorio del derecho de defensa qué ante los medios de comunicación, una representante del Ministerio Público diga que no hay investigación a los periodistas, mientras que otro fiscal provincial notifique que hay una investigación en trámite.

Sala de Apelaciones

La fiscal Magaly Quiroz declaró en Canal N que la investigación a los periodistas se sustenta en una resolución de la Quinta Sala Penal Nacional de Apelaciones, presidida por la jueza superior Sonia Torre Muñoz, en la que se “afirmaría” que periodistas y medios de comunicación interfieren en la investigación al abogado José Luis Castillo Alva.

Eso es totalmente falso e imposible. La investigación secreta a los periodistas se inició el 5 de abril de 2023, siete meses antes que existiera la resolución de la Quinta Sala de Apelaciones, del 2 de noviembre de 2023. Además, para el momento en se dictó esa resolución, ni el fiscal Rodríguez ni la doctora Quiroz formaban parte del equipo especial. Él se había mudado a otra fiscalía el 15 de julio. Quiroz fue cesada el 28 de septiembre de 2023.

Otro detalle. El 21 de junio de 2023, el juez de investigación preparatoria Cristobal Leodán Ayala rechazó el pedido de prisión preventiva de Castillo Alva. En sus argumentos, entre otros puntos, el juez consideró imposible que uno o más artículos periodísticos puedan suponer una interferencia en una investigación y que no había evidencia real de que dicho abogado estuviera detrás de las publicaciones.

Más secretos

La decisión del juez Leodán Ayala fue revisada en una audiencia pública realizada el 12 de septiembre de 2023. Un día después, la fiscal Quiroz decidió iniciar investigación a la fiscal Sánchez y cuatro policías. En esa audiencia pública la presunta interferencia de los periodistas y medios de comunicación no fue discutida.

Sin embargo, dos meses después, el 2 de noviembre de 2023, la Sala de Apelaciones emite su resolución. En esa resolución, con información entregada por la fiscalía, que no fue pública ni se discutió en la audiencia, se carga la tinta contra César Romero de La República, con hechos totalmente falsos señalados por la fiscalía, sin una minima oportunidad de defensa.

En tanto, que para el 2 de noviembre la carpeta 87-2023 ya se había acumulado a la investigación secreta a la exfiscal Rocío Sánchez y cuatro policías. El 6 de octubre, esa carpeta acumulada ya había pasado al despacho del fiscal Cristhian Alfaro. El 16 de noviembre, catorce días después de la resolución de la Sala de Apelaciones, se archiva la investigación a los periodistas. La procuraduría apeló y evitó el archivo definitivo.

Detrás del teléfono

En todo este embrollo, tampoco se ha aclarado por qué el tribunal de apelaciones menciona un número telefónico que no aparece en la carpeta 87-2023 y que no me pertenece. En algún momento, pensamos que podría tratarse de un error de digitación, por lo que solicitamos infructuosamente una entrevista con la presidenta de dicho tribunal, Sonia Torre Muñoz.

Pero, en su carta aclaratoria, Andy Rodríguez insiste con ese número fantasma. Lo que supone que no hay error y, dado que Rodríguez pedía que se publique su carta, es evidente que no quería que el Poder Judicial se entere del cambio de número en los documentos no públicos ¿Con qué perverso objetivo ante la sala de apelaciones se ha introducido un segundo número telefónico?

Periodistas, ciudadanos

La fiscal Magaly Quiroz ha dicho que si es posible investigar a un periodista. Es verdad. Eso lo hemos dicho desde el 28 de diciembre. Pero, en una democracia con plenos derechos, la investigación a un trabajador de prensa no puede ser sobre su labor periodística. Eso solo sucede en regímenes totalitarios, donde no existe libertad, ni derechos, ni democracia. Un estado policiaco, como dijo el fiscal Alfaro, en el audio revelado por Cuarto Poder.

Por ejemplo, en el mismo equipo especial del caso Cuellos Blancos y en el caso del expresidente Pedro Castillo, se está investigando a los periodistas y comunicadores Enrique Vidal y Mauricio Fernandini pero sobre hechos concretos revelados por aspirantes a colaboradores eficaces, no por opiniones en el ejercicio de su profesión.

La disposición N° 1 de la investigación a Tafur y Romero dispuesta por el fiscal Andy Rodríguez no menciona ni declaraciones de colaboradores eficaces, testigos en reserva, audios de interceptaciones telefónicas o reportes de inteligencia. Se nos investiga única y exclusivamente porque a los fiscales Andy Rodríguez y su adjunto no les gusta nuestra cobertura periodística. No hay, no habrá más.  

El procurador de Dina

El fiscal provincial Jorge Luis Zavaleta ha procedido a dar trámite a la apelación que, el 14 de diciembre de 2023, presentó el procurador general del Estado, Javier Pacheco. El procurador nombrado por el régimen de Dina Boluarte pide que se disponga el inicio de nuevas diligencias contra los periodistas “para que se establezca el rol y las tareas que cumplieron en la organización Los Cuellos Blancos del Puerto”. La procuraduría también nos considera investigados y no solo en resiliencia.

La carpeta 87-2023 se encuentra desde el 25 de enero de 2024 en el despacho de la fiscal superior Magaly Quiroz. Siendo el Ministerio Público esperamos que nos notifique cualquier decisión.

Otro indicativo de los oscuros interés que hay detrás de la disposición del fiscal Andy Rodríguez es que la investigación se inició un 5 de abril. El día en que se recuerda el autogolpe de Estado de Alberto Fujimori de 1992. Una noche en la que militares armados asaltaron la redacción del diario La República y otros medios de comunicación, para fusil en mano intentar evitar que se informe del quiebre de la democracia.

Esta investigación no nos asusta. Es un aprendizaje. En un año en que 65 periodistas, según cifras de la Unesco, fueron asesinados en zonas de conflicto o por la mano del narcotráfico y el crimen organizado mientras cumplian su labor informativa, ser investigado por integrar una organización criminal es una anécdota.