La impunidad de los mochasueldos
Se conoció que la congresista de APP Magaly Ruiz pidió asesoría a fiscal anticorrupción.
Mediante una denuncia sustentada ante la Fiscalía de la Nación, extrabajadores de la congresista de APP Magaly Ruiz señalaron el pago mensual de parte de sus remuneraciones a las cuentas de la mencionada parlamentaria, así como una asesoría que ella habría solicitado a un fiscal anticorrupción en ejercicio, Richard Rojas, a cambio de trabajo para su hermano.
El dinero recolectado mes a mes servía para pagar deudas y otros gastos de la congresista. Se trataba de un bono mensual de 1.500 soles; en alguna ocasión se tuvo que abonar 21.000 soles para cancelar una deuda, y otros 10.000 soles más por un requerimiento urgente de la legisladora.
Estas versiones incluyen una visita a una casa en la que se habría producido la reunión con el fiscal, en la que estuvo presente también su hermano. Él luego trabajó para una comisión del Parlamento, en presunto cumplimiento de lo acordado con la congresista.
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Magaly Ruiz fue blindada hasta en dos ocasiones ante el Congreso: en la Comisión de Ética y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Su condición de integrante de la coalición que mantiene en el poder a Dina Boluarte le dio la patente de corso para librarse de las sanciones. Pero el Ministerio Público no ha detenido la investigación en su contra, y a la del recorte de sueldos de su personal ahora se suma la de concusión por la intervención del fiscal a su favor.
No hay que olvidar que el fiscal Richard Rojas tuvo una importante participación al lado del fiscal Vela en la dependencia de lavado de activos del MP y ha sido muy activo en la persecución de los integrantes fundadores de Perú Libre; es decir, Vladimir Cerrón, Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Corresponde que el Ministerio Público rápidamente evalúe la situación del fiscal y actúe con diligencia. La Procuraduría, por lo pronto, ha solicitado el inicio de procedimientos contra la congresista y el fiscal por la presunción de negociación incompatible y tráfico de influencias. El accionar independiente del MP es una garantía básica en tiempos tan oscuros como los que vivimos.
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