La Fiscalía, Tafur y “El delito de opinión”

Una intervención que pudo ser impecable por la trascendencia de las capturas e intervenciones ha quedado cuestionada por la incorporación de un allanamiento no suficientemente justificado, no por la profesión de quien ha sido intervenido, sino por las razones que se invocan como motivos para la actuación fiscal.

Se trata del director de Sudaca, el periodista Juan Carlos Tafur, a quien se le han requisado sus herramientas de trabajo y de comunicación en un allanamiento realizado a su domicilio. Para justificación, se señalan artículos de opinión contraria a la fiscal Marita Barreto y a favor de la suspendida Patricia Benavides, reuniones con uno de los detenidos en este operativo de la Eficcop que estaba siendo investigado por el caso Cuellos Blancos, integrar la organización criminal y ser un operador mediático de esta. No hay pruebas que sostengan estos señalamientos, por lo que el equipo fiscal está cruzando nuevamente la frontera que marca el ejercicio profesional dentro de un clima democrático de respeto a la libertad de expresión; a otro contexto en el que se censure una opinión y no se respete el derecho que asiste a un periodista de contactar a cualquier fuente sea cual sea su origen, y que reserve la identidad y la confidencialidad de sus declaraciones.

Es necesario que la Fiscalía tenga claramente establecido que conversar no convierte a un periodista en cómplice y que la simplificación de “organización criminal” puede llevar a banalizar un caso tan complejo como el de Patricia Benavides. En los últimos años, casos como los de Pedro Salinas, Paola Ugaz, Gustavo Gorriti y el cronista judicial de esta casa editora, César Romero, muestran que los fiscales son capaces de “armar” casos que se desmoronan y no resisten análisis. Sin embargo, es necesario señalar que no existe nadie fuera del ámbito de la ley, mucho menos los periodistas. Es inadmisible que en estas investigaciones fiscales se vulneren derechos profesionales y se quiera sancionar como un delito la libertad de opinión.

Cualquier imputación que se quiera sostener debe ser suficientemente tipificada y sustentada con pruebas. En este caso carecemos de ellas.