Caso Rolex: Perú Libre propone crear comisión investigadora en el Congreso por relojes de Dina Boluarte

El Congreso de la República ha propuesto crear una comisión investigadora para determinar a los implicados y sus responsabilidades en el caso de los relojes Rolex de la presidenta Dina Boluarte.

La portavoz de Perú Libre, Margot Palacios, ha presentado una moción destinada a constituir un grupo de trabajo encargado de sondear en profundidad las implicaciones del caso que salpica a la jefa de Estado, al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, y a otros funcionarios de alto rango.

El propósito primordial de esta comisión, según lo dispuesto en la moción, sería el de dilucidar "las infracciones constitucionales e indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas que pudieran existir". De ser aprobada, esta comisión estaría conformada por un mínimo de cinco miembros y tendría un plazo de 120 días hábiles para llevar a cabo su investigación y presentar un informe detallado ante el Pleno del Congreso.

La moción presentada por Palacios está respaldada por una serie de informes periodísticos que arrojan luz sobre el asunto. Destaca el análisis realizado por el portal de noticias La Encerrona, el cual examinó más de 10.000 fotografías y sugiere que la presidenta Boluarte podría poseer una colección de al menos 14 relojes de alta gama, incluyendo un Rolex, desde el inicio de su mandato como vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hasta su investidura como mandataria.

Fiscalía continúa investigación contra Dina Boluarte

Asimismo, se cita el informe proporcionado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) al Ministerio Público, el cual concluye que no se han registrado declaraciones aduaneras de artículos de origen extranjero, lo cual alimenta las sospechas en torno al presunto enriquecimiento ilícito.

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Además, se destacan las declaraciones del gobernador Oscorima y las acusaciones sobre posibles transferencias de fondos desde el Ejecutivo hacia el Gobierno Regional de Ayacucho, así como licitaciones supuestamente irregulares.

En paralelo a estas movilizaciones en el ámbito legislativo, la Fiscalía de la Nación ha decidido ampliar la investigación contra la jefa de Estado por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones en documentos, y ha sumado además un nuevo cargo en su contra: cohecho pasivo impropio. Esta decisión también afecta al gobernador Oscorima, quien será investigado por el presunto delito de cohecho activo genérico.

Ante este panorama, el abogado de Oscorima, Humberto Abanto, ha manifestado su intención de solicitar que su cliente sea citado para declarar ante el Ministerio Público en aras de esclarecer los hechos que le conciernen.

Familiares de víctimas alistan protesta en Lima

Por su parte, la nueva Organización Nacional de Familiares de los Asesinados y Víctimas de las Masacres del 2022 y el 2023 anunció la convocatoria a una primera movilización para el próximo 1 de mayo en Lima, con el fin de exigir justicia y también para insistir en la salida de Dina Boluarte y de los 130 congresistas.

Los familiares de las víctimas de Juliaca (Puno) fueron los encargados de hacer el anuncio público el pasado 17 de abril. Raúl Samillán, hermano del médico asesinado Marco Samillán, dio lectura al pliego de demandas, que incluye el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte.

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“(Exigimos) el cierre del Congreso golpista, corrupto y mafioso”, expresó Raúl Samillán, quien además se refirió a Boluarte como “mitómana, corrupta y genocida”.

“Que entienda (Dina Boluarte) que el Perú entero no la quiere. Es por eso que tiene 7% de aprobación”, comentó otra de las familiares de las víctimas.