¿Quién sostiene la impunidad del actual Pacto de corruptos?, por Diego García-Sayán

Sufrir uno de los gobiernos y Congresos más impopulares e ineptos de nuestra historia republicana no es la única “cruz” que azota al Perú. La esencia de lo que hoy rezaga al país es más de fondo: el Pacto de los corruptos, que es el núcleo del poder político en el Perú actual.

El evidente pacto ha llevado a un arrollador colapso institucional que, inexplicablemente, no ha generado aún reacción suficiente de los grandes —y silentes— gremios empresariales.

Las “bisagras” del Pacto corrupto

Ya me he referido al descarado Pacto corrupto en este periódico (LR 4/4/2024 y 11/4/2024). Sin embargo, ¿vale la pena discutir sobre qué une a la dupla Gobierno-Congreso en ese pacto muy “rentable” para ellos? Fundamentalmente, es la corrupción que usa, básicamente, tres herramientas: ventajismo, impunidad y populismo.

Ventajismo para beneficiarse de “lo que caiga” (contratos, dineros ilícitos, hasta joyas).

Impunidad, que es otro de los ejes de este pacto que se evidencia ante los gravísimos hechos criminales producidos desde el Gobierno, desde el Congreso o desde el despacho de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, el cual consiste en la toma y destrucción de las instituciones, para garantizar que se pueda “echar tierra” —sin demoras— a las graves denuncias que pesan sobre los actores que hoy tienen el poder. De la Contraloría “light” no hay que preocuparse, porque para eso se le ha prorrogado el plazo.

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Populismo a costa de la calidad en la gestión pública, y que ya empieza a generar preocupaciones sobre la responsabilidad fiscal.

Todos son asuntos de interés nacional y de repercusión para el país. Pero las decisiones, tanto del Gobierno como del Congreso, giran sobre todo en torno al beneficio exclusivo y propio de las partes de este pacto. Todo a costa de desmantelar la ya débil y afectada capacidad institucional del Estado, los valores democráticos y las finanzas públicas.

EEUU: ojos sobre actos del pacto

Dentro de ese contexto impacta el certero análisis sobre el Perú contenido en el informe anual del Departamento de Estado (EEUU), conocido esta semana, sobre los derechos humanos en el mundo.

Este año le dedica, después de muchos años, una dimensión inusual (¡40 páginas!) a la delicada situación en nuestro país. Se describe con claridad la mala situación de los derechos humanos hoy prevaleciente: atribuible no solo al Ejecutivo, como suele ser el caso, sino también al Congreso.

Respecto al Gobierno, el Departamento de Estado, y sin pelos en la lengua (1.a, 1.c y 1.d), destaca los reportes de ejecuciones arbitrarias e ilegales por agentes del Estado, uso de la tortura (cita el caso de Manuel Quilla Ticona) u otros tratos degradantes, impunidad de las fuerzas de seguridad y masivas detenciones arbitrarias. 

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También le cae a la otra parte del pacto, el Congreso, a quienes señala de haber cometido violación al debido proceso y a la independencia judicial. Ejemplo: la destitución irregular de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el proceso irregular iniciado contra la JNJ.

Asimismo, Washington se pronuncia sobre algo medular: la designación realizada por nuestro Parlamento del actual defensor del Pueblo. Mencionan que esta institución antes “(…) funcionó sin interferencias del Gobierno”. Pero citan reportes, según los cuales “(…) la elección de Josué Manuel Gutiérrez Cóndor como defensor del Pueblo refleja un retroceso democrático (…) no tenía ni la experiencia ni los conocimientos típicos de derechos humanos, había atacado verbalmente a organizaciones de la sociedad civil que defendían la democracia y los DDHH, y que supuestamente llegó al poder mediante el intercambio de votos y favores dentro del Congreso”.

En pocas palabras, en el reporte oficial estadounidense sobran comentarios sobre la evidente regresión democrática en marcha en el Perú, “liderada” por el pacto. 

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Pacto de corruptos y populismo

Una de las reacciones del pacto ante la enorme impopularidad (ya apuntando a las elecciones), son las medidas populistas. Que se dan a costa de la caja fiscal o, incluso, de la seguridad ciudadana.

Son medidas que se dictan sin ton ni son, buscando algún elusivo aplauso a costa de una erosión irresponsable de la institucionalidad, incluidas las finanzas públicas.

Un caso son las pensiones. En lugar de ir al fondo y reformar un sistema previsional que no funciona bien, el Congreso va por los “retiros parciales” (ya vamos por el séptimo), desnaturalizando esos ahorros y manteniendo el sistema fallido tal cual. Ante esto, el Ejecutivo no observa la ley ni mueve un dedo.

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El Congreso también aprobó una norma para que un grupo de docentes interinos, cesados por no rendir o desaprobar su evaluación, ingresen a la Carrera Pública Magisterial. Esto va contra la fundamental política hacia la meritocracia que se venía trabajando desde hace varios años. 

En cuanto a la responsabilidad fiscal, la tendencia es mala. Después de décadas, en el 2023, el Gobierno incumplió la meta fiscal. Y ya se estima que este 2024 se incumpliría la meta de responsabilidad fiscal por segundo año consecutivo.

Por otro lado, se dictó recientemente una modificación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría. Eso para tener al ya tímido contralor “dentro del pacto”, pues la ley le da continuidad en sus funciones, vencido su plazo, hasta que el Congreso designe a su sucesor. ¿Qué pasó a la par? Un informe con información falsa, desde la Contraloría, según el cual Fernando Tuesta no tendría más de 3 años de experiencia en temas electorales para ser contratado por el JNE es un asunto que es obviamente falso. Mentira que el Congreso usa para que luego, con ese informe del contralor, pueda denunciar constitucionalmente al titular del JNE. En ese sentido, sobran las evidencias de que el pacto ahora apunta a eliminar la independencia del sistema electoral.

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Populismo y minería ilegal

Algunas decisiones del Congreso, en alianza de facto con poderosos sectores de minería ilegal, no cambian el panorama de masivo rechazo popular. Amplios sectores de la minería informal (muchos de los cuales no son simples “informales”, sino organizaciones criminales que explotan ilegalmente minerales) se valen, incluso, de la violencia y el terrorismo, nutriéndose de la legitimidad que suele darles el Congreso. 

Esto es muy grave, ya que nuevamente evidenciamos de que el centro de la impunidad reside en el Congreso y la simultánea indolencia e inoperancia del Ejecutivo. Fue el mismo Congreso el que derogó este año la disposición del DL 1607, que buscaba frenar el avance de la minería ilegal, fortalecer el proceso de formalización y actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos.

Después de ello, como era previsible, se produjeron varios actos —que podrían ser calificados de “terroristas”— contra empresas mineras formales. Por obra, se sospecha de personas y organizaciones de la minería ilegal. Entre los actos más graves de las últimas semanas: la explosión en Pataz (La Libertad) de dos torres de alta tensión de la minera Poderosa, importante empresa aurífera formal y respetuosa de la ley. ¿Hasta cuando aguantará el país seguir gobernado por el Pacto de los corruptos?